Violencia contra la prensa en México

Dic 1, 2015 | Política | 0 comments

Edgar Guerra

Edgar Guerra

Ph.D. en Sociología

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Programa de Política de Drogas
CIDE – Región Centro

“El recuerdo de los muertos implica la nostalgia, la evocación de su presencia, el recuerdo de su vida, su obra.”
Museo de Memoria y Tolerancia

I

 

En el Atrio del Museo de Memoria y Tolerancia, recientemente se exhibió una ofrenda en ocasión del Día de Muertos, y en homenaje a los 88 periodistas asesinados y 18 desaparecidos durante los últimos 10 años en México. Con flores de cempasúchil, calaveritas de azúcar, papel picado y marcos de retratos fotográficos vacíos –cuyo propósito fue simbolizar la ausencia de los caídos y los desaparecidos- el proyecto museográfico, secundado por la organización Article 19, se presentó como una denuncia contra los ataques a la libertad de expresión, contra la violencia verbal y física que en total impunidad se ejerce contra los profesionales de la comunicación y contra la indiferencia que priva entre la sociedad y la clase política ante la crisis de seguridad que rodea al ejercicio del periodismo.    

La ofrenda homenaje coincidió, además, con un día sumamente significativo, ya que ese 2 de noviembre se conmemoró, por segunda vez en la historia, el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, una proclama de la Asamblea General de las Naciones Unidas que busca denunciar y exhibir el círculo de la violencia contra la prensa. Durante la última década, informa la ONU, alrededor del mundo 700 periodistas han sido asesinados al ejercer su profesión. Sin embargo, solo 10 por ciento de los casos han concluido con una sentencia. De esta manera, el periodista, cuyo oficio es el ejercicio de la libertad de expresión, de la crítica a la ineficiencia estatal y la denuncia de la corrupción gubernamental, está condenado a informar entre la indiferencia, la violencia y la impunidad. Para el periodista, éste es el peor de los mundos.

Pero como ocurre en los círculos infernales dantescos, hay de círculos a círculos; y en el tema de la violencia contra la prensa el caso mexicano es, quizás, uno de los peores de entre todos los mundos. De ahí la relevancia del proyecto museográfico de Article 19 y del Museo de Memoria y Tolerancia, pues su meta no solo fue la denuncia y la toma de conciencia, sino también, incentivar propuestas e iniciativas para comprender mejor la violencia contra este gremio y, de esta forma, presionar a la clase política y la opinión pública para discutir, problematizar y formular leyes y procedimientos para enfrentar y solucionar las distintas aristas del tema.

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De ahí el propósito de este texto, que es la primera entrega de tres artículos sobre la violencia contra la
prensa. En esta primera parte haré una reflexión sobre la calidad de la información con que hoy en día contamos para estudiar la compleja trama de violencia que se ha tejido alrededor de la libertad de expresión y del ejercicio del periodismo en nuestro país durante los últimos 10 años. La segunda parte abordará el cómo trabajar esta información y la tercera reflexionará sobre las consecuencias de la violencia contra el gremio periodístico y su impacto en nuestra todavía inacabada democracia.

En efecto, si uno revisa los datos cuantitativos y las descripciones cualitativas disponibles, se encontrará con que ese círculo vicioso que la ONU denuncia, enfrenta un problema toral, que consiste en los confusos datos disponibles para conocer la dimensión real del fenómeno.

De acuerdo con su reporte anual 2015, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) documentó que en este 2015 México se colocó en el séptimo sitio de entre los 20 países más peligrosos (deadliest) del mundo para ejercer la profesión del periodismo al registrar, sólo en este año, cuatro asesinatos de comunicadores que fueron resultado del ejercicio de su profesión.[1]

Sin embargo, las malas noticias en esta materia no solo provienen del CPJ, una de las organizaciones más sólidas e independientes en el tema. Otros organismos internacionales han colocado a México en el centro de la preocupación internacional. Así por ejemplo, en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2015, la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) ubicó a México en el lugar 148 de entre 180 países.[2] Una posición dramáticamente distante de Finlandia, nación que se encuentra en el lugar número uno –por quinto año consecutivo-, es decir, como el país con mayor libertad de prensa, sitio privilegiado que ha logrado al no haber registrado una sola agresión contra periodistas -y mucho menos asesinatos- durante 2014.

La posición tan negativa de México en las distintas mediciones internacionales se debe, sobre todo, al elevado número de periodistas asesinados. Sin embargo, en México esta cifra ha sido difícil de establecer sin márgenes de error, por lo que los números varían en los distintos reportes que al respecto se han publicado, lo que es preocupante. La cifra de asesinatos de periodistas es clave para estudiar de forma empírica el fenómeno de la violencia contra la prensa, ya que estos crímenes resultan más evidentes para el observador que la violencia simbólica, por ejemplo, como lo es las agresiones verbales que pretenden intimidar y, por tanto, callar. De esta forma, si no contamos con un registro exacto de las agresiones y asesinatos, pocos elementos tendremos para el estudio del fenómeno y menos aún para elaborar políticas que contrarresten o mitiguen la situación.

De acuerdo con la citada organización RSF, de 2006 a 2012 se registró el asesinato de 36 periodistas, más ocho caídos entre 2013 y 2015, lo que significa 44 periodistas asesinados en este periodo como consecuencia del ejercicio de su profesión.[3] Article 19, por su parte, reportó 54 periodistas asesinados durante la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa y 9 asesinatos más en los dos primeros años de la gestión de Peña Nieto, lo que arroja un resultado de 63 periodistas asesinados de 2006 a 2014.[4] Una última cifra la aporta el mismo Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), que entre 2006 y 2015 documentó 20 periodistas asesinados como consecuencia de su actividad profesional.[5]

Pero, ¿qué significa este caos de números? La significativa diferencia de cifras no es solo el corolario de la diversidad en los criterios metodológicos para clasificar y definir conceptos que requieren precisión y claridad para formar parte de una investigación científica. En este tema en particular, la ambigüedad y la discrecionalidad rebasan los límites del campo de la ciencia, ya que o los términos se enredan en la normatividad jurídica y/o los números se desvanecen en medio de las pugnas políticas. Es, en síntesis, una problemática con múltiples dimensiones, de las cuales me parece que tres son fundamentales de abordar.

La primera, es la dificultad para clasificar un asesinato como relacionado con un gremio en particular. El asunto tiene que ver, sobre todo, con la definición de periodista y con el alcance de su trabajo profesional. Algunas bases de datos, por ejemplo, no califican a los trabajadores free lance como periodistas, otras no toman en cuenta al personal administrativo, al de apoyo, o al ejecutivo, etc.

En segundo lugar, se trata de un problema de impartición de justicia, ya que la exactitud con que se juzgue si se trató de un asesinato -si se ha interrogado a sospechosos, si se conoce los motivos y, con base en esto, saber si se trata de un asesinato relacionado con el ejercicio de la profesión- requiere, sin duda, de una investigación ministerial que, precisamente, deslinde responsabilidades, señale culpables y encuentre motivos. En este sentido, habría que esperar el desenlace de todas las investigaciones para construir una base de datos definitiva.

Finalmente, el tema tiene que ver con la indiferencia con que hasta hace poco se había tratado el problema desde las autoridades de gobierno. En efecto, a pesar que desde 2010 el CPJ denunció que México registraba más periodistas asesinados que en ningún otro país del mundo, excepto Paquistán (CPJ, 2010), no existía desde el gobierno federal un esfuerzo sistemático y confiable por construir una base de datos que recopilara información y la sistematizara para, eventualmente, emprender acciones políticas frente a este gravísimo problema. En síntesis, no había suficiente voluntad política por reconocer la gravedad del tema y resolverlo. 

Ahora bien, desde el 2006 el gobierno federal creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP), órgano dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República. Sin embargo, la historia de esta fiscalía especializada ha estado, desde su nacimiento, rodeada de problemas políticos y ambigüedad jurídica que han incidido tanto en la calidad de las bases de datos y estadísticas que construye, como en la persecución de delitos y en la protección de los periodistas. Hoy en día esta fiscalía, que se ha transformado en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE),[6] tiene como uno de sus principales mandatos la construcción de sus propias bases de información. Empero, las metodologías y los resultados han sido sumamente deficientes y criticados. No es casual, por ejemplo, que los números de la Fiscalía difieran enormemente con los generados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.[7]

Evidentemente, incluso si se resolviese de forma satisfactoria el asunto de las cifras de homicidios,[8] aún quedaría pendiente el tema de las agresiones, ese otro tipo de violencia que, no por ser menos ostensible, deja de tener un impacto profundo en la dinámica del campo periodístico. Los datos con que contamos provienen en su mayor parte de las quejas que se encuentran en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Aquí llegan todas las denuncias que realiza una parte de los afectados. No sabemos, empero, cuántas personas prefieren no acudir a esta instancia. No sabemos, por tanto, la magnitud de las amenazas que enfrenta este gremio.

En síntesis, a la crisis de inseguridad que afecta el ejercicio del periodismo en México se suma la crisis de información confiable y disponible para estudiar, comprender y, eventualmente, enfrentar la situación de riesgo que afecta al gremio. Sin embargo, aún en estas condiciones no han sido pocos los resultados de investigación que ayudan a comprender el fenómeno, como veremos en la siguiente entrega.

[1] Informe completo, aquí: https://cpj.org/killed/2015/

[2] El ranking califica a 180 países del mundo y coloca en los primeros lugares a quienes “gozan de mejor salud informativa.” En esta categorización, Finlandia, Noruega y Dinamarca ocupan los primeros puestos en 2015, mientras que Turkmenistán, Corea del Norte o Eritrea se colocan en los lugares más bajos en la escala. El ranking se elabora a partir de las respuestas a cuestionarios temáticos que proporcionan expertos y observadores en la materia, ubicados en cada uno de los países encuestados, y que informan acerca de leyes restrictivas, pluralidad e independencia de los medios de comunicación, así como sobre autocensura, transparencia y agresiones contra periodistas. Informe completo, aquí: http://index.rsf.org/#!/

[3] Reporteros Sin Fronteras (n.d.) 2015: Periodistas Muertos. Reporteros Sin Fronteras [En línea] Disponible en: http://es.rsf.org/el-barometro-de-la-libertad-de-prensa-periodistas-muertos.html

[4] Informe completo, aquí: https://goo.gl/w6nJQh

[5] Sin embargo, las cifras del CPJ podrían dispararse aún más, ya que esta organización reporta 42 asesinatos más -cuya causa no puede confirmar como relacionada a la profesión-, y el asesinato de 4 trabajadores de medios de comunicación, que no contabiliza como periodistas, aunque sí como personal que labora en esta fuente. La base de datos del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) es, me parece, una de las que brinda mayor confiabilidad por los estrictos criterios que utiliza para clasificar un asesinato de periodista como resultado del ejercicio de su profesión. Ver criterios, aquí: https://goo.gl/h7gYBR

[6] Por presiones políticas, en 2006 el entonces presidente Vicente Fox creó la FEADP. Sin embargo, esa decisión política se acompañó de severas limitaciones legales, por lo que parte de la historia de esta institución ha consistido en ampliar sus atribuciones legales, en cambiar su posición dentro de la estructura institucional de la PGR, en profundizar sus facultades de investigación y un largo etcétera. 

[7] Recientemente, en el marco de la conmemoración del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reportó que 89% de las agresiones cometidas contra periodistas y medios de comunicación permanecen impunes. Además, de acuerdo a declaraciones de su titular, se dieron a conocer algunas cifras que, evidentemente, son distintas a los números que ha presentado la FEADLE: desde el año 2011 han ocurrido 107 homicidios de periodistas y 20 periodistas han desaparecido desde 2005; se han registrado 47 atentados a medios de comunicación desde el año 2006 y, finalmente, desde el 1 de enero de 2010 la CNDH ha recibido 488 quejas por agravios a periodistas.

[8] Asombra, sin embargo, que la ofrenda-homenaje del Museo de Memoria y Tolerancia aclare que si bien la fuente de información utilizada en la museografía procede de Article 19, la FEADLE haya confirmado el número de 88 periodistas asesinados entre 2005 y 2015.

Edgar Guerra

Edgar Guerra

Ph.D. en Sociología

Doctor en Sociología por la Universidad de Bielefeld, Alemania. Es Profesor-Investigador de Tiempo Completo en el Centro de Investigación y Docencia Económicas A. C. (CIDE) Región Centro. Candidato al Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido profesor en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y ha realizado estancias de investigación en la School of Geography, Politics and Sociology, de la Newcastle University. Adscrito al PPD del CIDE, realiza investigación académica en el área de Estado y gobierno, política de drogas, organizaciones criminales, grupos armados y violencia política.